La demora en el calendario de la Ley de Dependencia anunciada para 2012 y aprobada en el segundo Consejo de Ministros de 30 de diciembre, afectará a unas 30.000 personas, según la tendencia de incorporaciones al sistema de dependientes moderados (Grado I Nivel 2) registrada en los últimos años. Esto, apenas supone el 2,3% de los beneficiarios y el coste de su atención es prácticamente insignificante respecto al total de las ayudas concedidas, un 0,6%.
Las prestaciones para estas personas (Ayuda a Domicilio, Centros de Día, Teleasistencia, etc.) son las más baratas del sistema y alcanzarían unos 40 millones al año, según los datos aportados por la Asociación de Directores y Gerentes de los Servicios Sociales.
La medida afecta a nivel estatal a la mayoría de los 166.413 ciudadanos cuya dependencia moderada está reconocida ya en los dictámenes oficiales, el paso previo para recibir la ayuda.
En la Comunidad de Madrid tienen reconocido el Grado I Nivel 2 un total de 16.149 personas, las cuales al menos tendrán que esperar todo un año hasta obtener una ayuda que por ley les corresponde.
La entrada al sistema de los dependientes leves (grado I, nivel I) también sufrirá un retraso de un año, hasta enero de 2014. En este caso habría unas 250.000 personas afectadas en todo el territorio nacional, pero el ahorro tampoco sería mucho porque las ayudas previstas para ellos tampoco son muy altas.
El Observatorio considera, como así lo han manifestado tanto los empresarios del sector como el colectivo de afectados, que el ahorro es insignificante y que la demora traerá consigo más desempleo y ahogo económico, así como una gran desprotección social a los dependientes y a sus familias.
El sector empresarial vinculado a la dependencia ha sido uno de los pocos sectores de actividad en alza desde que arranca la ley, a pesar de la crisis, el número de puestos vinculado a este sector se ha incrementado considerablemente.
A pesar de ello y debido a los retrasos que están sufriendo en el cobro de los pagos que les adeudan las Administraciones, el sector está entrando en una situación crítica que pone en riesgo miles de puestos de trabajo y que esta moratoria solo agravara esta situación.
Desde el Observatorio Social queremos una vez más dejar constancia de la importancia que supone impulsar este sector empresarial y laboral. Por un lado para cubrir las necesidades que supone la correcta aplicación de la Ley y por otro, por el impulso económico que supone en la mejora de la crisis económica en la que estamos inmersos.
Hemos resaltado siempre el valor y la importancia de esta generación de empleo que lleva implícito el adecuado desarrollo de la ley de la Dependencia.
Si tomamos los datos oficiales del SAAD a fecha de 1 de enero se pone de manifiesto de nuevo, que en la Comunidad de Madrid actualmente 16.750 personas dependientes con derecho a prestación reconocida aun no reciben ninguna ayuda.
El atender a estas personas no solo es una obligación de la Administración Autonómica, ya que hablamos de reconocer un derecho, sino que a su vez generaría cientos de puestos de trabajo en nuestra Comunidad.
Desde el Observatorio social de la Dependencia en Madrid, tememos, que los cambios irán más allá de la moratoria. El Ministerio de Sanidad, Políticas Sociales e Igualdad, ya ha anunciado que se acometerá “la necesaria reforma del modelo de financiación para hacer sostenible el Sistema de Atención a la Dependencia”, sin embargo, no ha mencionado la importancia del consenso en este punto de crucial importancia.
Seguimos denunciando que Madrid es sin duda una de las Comunidades, cuyas estadísticas (datos oficiales del SAAD) han estado siempre muy por debajo de la media nacional. En los últimos meses han hecho un esfuerzo por incorporar personas dependientes al sistema al sistema. Sin embargo, aun seguimos ocupando el puesto decimosegundo de las CCAA.
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