Los datos expuestos ayer tras el Consejo de Gobierno de la Comunidad, que aprobó liquidar los pagos pendientes de 2011 a los abogados y procuradores que efectúan la asistencia jurídica gratuita, han puesto de manifiesto que la grave situación por la que ha atravesado el Turno de Oficio en la Comunidad de Madrid no sólo ha supuesto graves problemas para los más de 4.000 abogados y procuradores inscritos en el turno de oficio, sino que el abandono presupuestario, ahora solucionado, ha reducido de manera considerable las personas sin recursos que han tenido acceso a la tutela judicial efectiva garantizada por nuestra constitución.
Si en el año 2010 fueron 134.496 ciudadanos los solicitantes de justicia gratuita, conforme a la Memoria del Colegio de Abogados, en 2011 tan sólo lo han solicitado 103.279 ciudadanos, 31.217 menos. Si la comparación se efectúa con 2009, la reducción se eleva a 45.039, un 30% menos.
Es en el orden contencioso administrativo donde los datos resultan espectaculares. Se ha pasado de 33.127 ciudadanos que solicitaron el beneficio de la justicia gratuita en 2009 a tan sólo 8.698 ciudadanos en 2011, una reducción del 74 %.
Cuando todos los estudios coinciden en el incremento de hogares y personas afectados por distintos procesos de exclusión social, resulta preocupante que en la Comunidad de Madrid disminuyan las personas con escasos recursos que puedan ver adecuadamente defendidos sus derechos e intereses legítimos.
La gestión de la administración regional no puede, ni debe, obstaculizar el acceso de todas las personas a la justicia asegurado por nuestro texto constitucional. Este derecho debe ser real y efectivo, incluso cuando quien desea ejercerlo carezca de recursos económicos.
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