UGT-Madrid denuncia que las distintas medidas previstas en el recientemente convalidado Real Decreto-Ley que regula la reforma laboral deja a la prevención de riesgos laborales en un lugar secundario.
Preocupados por el elevado desempleo, las medidas que afectan a la desregulación de la flexibilidad interna y a la negociación colectiva dibujan un escenario negro para la prevención de riesgos, uno de los problemas endémicos del mercado laboral español en general y madrileño particularmente en comparación con el resto de los países miembros.
Efectivamente, las nuevas modalidades de contratación, en especial el contrato indefinido y el contrato a tiempo parcial, disponen un empeoramiento de las condiciones laborales que amenazan, bien aumentando el stress, bien extendiendo las horas extras, la salud de los trabajadores y las trabajadoras.
Las amplias posibilidades que brinda el texto para suspender el contrato de trabajo introduce una carga emocional añadida que redundará inevitablemente en la degradación de las condiciones de trabajo.
Por su parte, los poderes en materia de movilidad geográfica concedidos al empresario motivarán que aumenten los riesgos asociados a los largos desplazamientos. No debe olvidarse que en la actualidad los accidentes in itinere ocupan un lugar privilegiado en las estadísticas de accidentalidad.
Idéntica valoración puede hacerse de la relajación del tratamiento jurídico de la incapacidad temporal. Si el trabajador o la trabajadora, por miedo a ser despedido, acude enfermo a su puesto de trabajo, su enfermedad se agravará, el riesgo a sufrir un accidente aumentará y la pérdida de productividad dará lugar a que sus compañeros se vean obligados a asumir una sobrecarga inesperada de trabajo. En palabras de la Secretaria de Salud Laboral de UGT-Madrid Rosa Robledano, “ni siquiera vamos a tener derecho a enfermar”.
La reducción de la importancia de la negociación colectiva en las fijación de las condiciones laborales redundará asimismo en un empeoramiento de éstas. En una comunidad autónoma donde el cumplimiento de la ley es moneda común de cambio y la siniestralidad laboral es estructural, las restricciones impuestas a la figura del delegado de prevención tendrá un efecto demoledor.
Por todo ello, UGT-Madrid insta a los poderes públicos a que repiensen las consecuencias que la reforma tendrá sobre el conjunto de la clase trabajadora y corrijan en el trámite parlamentario estos defectos mediante la apertura de una negociación entre sindicatos y empresarios.
No se puede olvidar tampoco que es imprescindible que se firme cuanto antes el IV Plan Director de Riesgos Laborales, un instrumento particularmente eficaz contra la elevada siniestralidad que soporta los trabajadores y trabajadoras madrileños.
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