El Secretario General de UGT, Cándido Méndez, ha afirmado que “la inmensa mayoría de la opinión pública española no cree que la reforma laboral interese a nuestro y cree que es perjudicial para los intereses de la sociedad”. Por lo tanto, “la campaña de información de las organizaciones sindicales respecto a los efectos de la reforma laboral está calando más en la opinión pública que la campaña de desinformación del Gobierno”.
Cándido Méndez ha realizado estas declaraciones en la rueda de prensa previa a la asamblea de delegados de UGT en Málaga, donde ha manifestado que el propio Gobierno “ya ha reconocido, rectificándose a sí mismo, que esta reforma va a tener efectos a corto plazo, porque puede destruir 630.000 empleos a lo largo de este año”.
Por lo tanto, “esta reforma no persigue el mantenimiento del empleo, sino que tiene como eje el despido fácil y barato y no crea las condiciones para que la última alternativa de los empresarios frente a la crisis sea el despido”.
El ajuste de déficit para 2013 va a provocar una recesión aún mayor
En relación al objetivo de déficit del Gobierno para este año, el Secretario General de UGT ha considerado que es tan importante el objetivo de este año como el del año que viene, ya que “el Ejecutivo quiere llegar al 3% en 2013 y eso supone un ajuste de 55.000 millones de euros”. Esto significa que “si para este año se produce un ajuste de 27.000 millones de euros, para el año que viene habrá que acometer otro de 28.000 millones más, lo que va a provocar una recesión aún mayor”.
“El Gobierno debería dar alternativas y soluciones. Es imposible cumplir con los objetivos de déficit, ni en los términos del 4,4% ni en los actuales, por lo que habría que conseguir que la Unión Europea flexibilice los calendarios para el recorte del déficit. Esta reducción del déficit público va a deteriorar aún más la situación de los servicios públicos fundamentales y de las condiciones laborales de los empleados públicos.
Por ello, “el Gobierno debe convocar la mesa general de la función pública cuanto antes y que oficialmente diga a las organizaciones sindicales representativas qué pretende hacer con los servicios públicos y los empleados públicos en los PGE de 2012”.
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