La salud
es un derecho universal y, por tanto, el derecho a mantener un nivel de
salubridad adecuado y óptimo entra en el grupo de los derechos considerados
irrenunciables.
Ahora
bien, UGT considera necesario salir al paso de informaciones erróneas,
malintencionadas y falsas a este respecto y aclarar:
1.- En
cuanto al mal llamado “turismo sanitario” hay que destacar que existen informes
en que queda acreditado que no es realizado por los ciudadanos
extracomunitarios y que no es una práctica común o generalizada. En este
sentido, los ciudadanos de origen comunitario, que en la Comunidad de Madrid
ascienden a 403.353, por su condición de tales, tienen plena libertad de
circulación, lo que les permite disponer de atención sanitaria en cualquiera de
los países de la Unión Europea.
El
ejercicio de este derecho no puede ser considerado turismo sanitario, ya que los
gastos generados por la asistencia deben o pueden ser reclamados al país de
origen. Será, por tanto, responsabilidad de nuestras Autoridades el hacer uso
de manera eficaz de los mecanismos de reclamación que sean pertinentes.
2.- En
cuanto a los no comunitarios residentes legales (la gran mayoría) tienen
derecho a cobertura sanitaria por Seguridad Social, como cualquier otro
ciudadano, por ser un trabajador/a, por estar percibiendo prestaciones o
subsidios por desempleo, por ser beneficiarios del titular de la Seguridad
Social (cónyuges, hijos menores, ascendientes..) etc.
3.- Los
motivos económicos tampoco justifican esta decisión, ya que, como hemos ido
trasladando, la medida no afecta ni a la ciudadanía comunitaria ni a los no
comunitarios regularizados y sus familiares directos, por tanto, el ahorro
económico no va a ser tal. Hay que considerar que la medida tiene más un
componente político e ideológico que económica.
Ante este
panorama, desde UGT-MADRID, creemos que es momento de romper con el mito de que
los servicios sanitarios están colapsados por el abuso o mal uso realizado por
los extranjeros.
4.-
Finalmente de retirarse esta atención prestada a los inmigrantes irregulares,
asumida bajo el supuesto de personas sin recursos económicos (de ahí la
exigencia del empadronamiento y del certificado de Hacienda que probaría la
falta de ingresos o bienes propios), retrocederíamos a las épocas en que se
tenían que derivar para la atención médica a organizaciones humanitarias y/o
dispensarios, faltos de infraestructura adecuada, y tan sólo, para una primera
asistencia básica.
Desde UGT
entendemos que es un avance para la trayectoria de un país el hecho de que la
sanidad sea un derecho universal, primero, por un principio de solidaridad
entre los pueblos, y segundo, por una cuestión de salud pública.
Finalmente,
El Gobierno regional de la Comunidad de Madrid, es pionero en proponer el uso
de prácticas restrictivas o, en su caso, limitativas de derechos y ya se han
detectado casos, anteriormente a la aprobación de esta medida, de personas
inmigrantes irregulares a los que se les ha dificultado la expedición y
renovación de la tarjeta sanitaria.
La
aprobación de estas medidas es otra vuelta de tuerca en el retroceso de los
derechos sociales, que se focaliza, una vez más, en los más desfavorecidos.
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