Reunión de los consejeros sociales de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid "frente a los recortes"

En la misma reunión, en la que han estado presentes también los Secretarios Generales de Enseñanza de UGT y CCOO de Madrid, se ha hecho una evaluación del “ataque frontal” que suponen las medidas introducidas en los PGE y que afectan a la Universidad como servicio público así como a su viabilidad.

Tras la reunión ha tenido lugar una Rueda de Prensa sobre los contenidos y conclusiones objeto de esta reunión y en la que han participado José Ricardo Martínez, Secretario General de UGT Madrid, y Javier López, Secretario General de CCOO Madrid.

MANIFIESTO POR LA UNIVERSIDAD PÚBLICA

La Universidad Pública es protagonista esencial del progreso que ha experimentado nuestro país y ha contribuido en un alto grado al desarrollo económico y social de España. Y ello a pesar de estar sometida últimamente a unas políticas económicas tan extraordinariamente restrictivas, por parte del gobierno nacional y de numerosos gobiernos autonómicos, que la han condenado a una permanente insuficiencia financiera con la voluntad no declarada de deteriorar su calidad académica. Al mismo tiempo se autorizan y potencian universidades privadas, promoviéndose asimismo la privatización de servicios en las públicas, impulsando una concepción mercantil de la enseñanza superior, anteponiendo la noción de negocio, aunque invoque que establece la supuesta autorregulación del mercado como garantía de excelencia académica.

Esta misma Universidad Pública es la que, a pesar de la absoluta limitación de recursos, ha asumido el reto de la innovación y mejora de su calidad, en la búsqueda del máximo nivel de excelencia que desde los poderes públicos y la sociedad se demandaba. Los resultados alcanzados, en conjunto, son inapelables: el número de egresados universitarios y su nivel de formación resultan ventajosamente equiparables a los de otros países de nuestro entorno.

Nadie cuestiona que los profundos cambios sociales y económicos a los que asistimos y las nuevas y múltiples demandas que de ellos se derivan, obligan a una nueva adaptación y a una revisión del papel de la Universidad y de las políticas públicas. Y ello aprovechando el papel de las Universidades como generadoras y transmisoras de conocimiento; como espacios críticos de reflexión y pensamiento; y como centros neurálgicos de investigación de base y aplicada, además de formar para la vida laboral a los profesionales del futuro en muy variadas disciplinas. La Universidad pública es un pilar fundamental de nuestro Estado de bienestar, desde el que se promueve el conocimiento y la formación cívica para fortalecer el espíritu crítico y democrático entre la ciudadanía.

En este contexto, las medidas contenidas tanto en los Presupuestos Generales del estado como en el Real Decreto-Ley 14/2012, representan un ataque frontal contra el propio concepto de servicio público y la viabilidad de la Universidad Pública, reduciéndola a un elemento más del mercado y apostando de manera clara por su mercantilización. En este sentido, resulta totalmente inaceptable que la reforma de la enseñanza superior pase por:

– Modificar sustancialmente el actual modelo de universidad pública, basado en la autonomía universitaria, en el principio de igualdad de oportunidades y el de servicio público, contemplados en el Artículo 27 de la Constitución Española, que garantiza el derecho de todos a la educación.
– Reducir la autonomía universitaria a un elemento meramente retórico al quedar en manos de la Administración la estructura y contratación de sus plantillas, la creación y modificación de centros así como otros elementos de la estructura organizativa y académica de las universidades. Todo ello habiéndose negado además la propia Administración  a incluir a la Universidad en el ámbito de la Mesa General de Negociación de los Empleados de las Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid.
– Dar entrada, de manera incontrolada, a la empresa privada mediante la capacidad de proponer y desarrollar conjuntamente enseñanzas conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. De forma paralela, se favorece la privatización de los servicios universitarios en la Universidad Pública.
– Reducir el presupuesto y permitir la intervención económica de las Universidades. Cuando en toda Europa se incrementan los recursos económicos de las Universidades como condición necesaria para los cambios estructurales que exige nuestro sistema productivo y, en consecuencia, para la propia superación de la crisis, el recorte de la financiación universitaria no se presenta como la medida más adecuada.
– Apostar por sustituir el principio de la igualdad de oportunidades en el acceso a la enseñanza superior por el de que se pague lo que cuesta, sin más consideraciones. El aumento de los precios públicos de la universidad española, en torno al 66 %, que ya se encuentran por encima de la media europea, la reducción de la cuantía destinada a becas en un 11,6% en los Presupuestos Generales del Estado, y la modificación de los criterios en la concesión de las mismas (incrementando el peso de los resultados académicos en detrimento de las condiciones económicas) incrementará el sesgo social en el acceso a los estudios superiores. De esta manera queda brutalmente cercenado el derecho universal a la formación de las personas, ya que los sectores económico-sociales más favorecidos serán los únicos que puedan ejercer el derecho fundamental de toda persona a la formación y promoción personal mediante el conocimiento.
– Dañar drásticamente la calidad de la docencia y la investigación, que se consideran como compartimentos estancos, lo que impedirá que la docencia se beneficie de la lógica retroalimentación del avance científico. En este sentido, la reducción de la actividad investigadora del personal docente e investigador (con un recorte del 25%) supondrá una merma considerable de las posibilidades que tenemos para la recuperación económica. Igualmente, el aumento de más del 33% de docencia para el profesorado sin un 'sexenio activo' supondrá un recorte de plantilla y la condena a no poder investigar para una parte importante del personal docente e investigador.

Contra estos recortes y en defensa de una Universidad Pública que profundice en los principios cívicos de democracia, igualdad y progreso, los Consejeros Sociales de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid solicitamos la retirada del Real Decreto-Ley 14/2012.

Cuando desde la administración educativa se afirma que el sistema universitario español necesita una profunda reforma para ganar eficacia pero, sobre todo, para ganar prestigio y calidad, se olvida que el prestigio y la calidad se logran a través de una financiación adecuada y un marco normativo estable que no ponga patas arriba a las Universidades cada vez que se produce un cambio de gobierno.

Por lo tanto, reclamamos el inicio de un proceso de diálogo con la comunidad universitaria para dar una solución efectiva a los problemas que en este momento tiene el sistema universitario español como servicio público que garantiza el progreso y la cohesión social.

Por todas estas razones, llamamos a toda la Comunidad Universitaria y a la sociedad madrileña a sumarse a este Manifiesto, y a realizar cuantas iniciativas institucionales y de movilización sean precisas para garantizar un servicio público de enseñanza superior eficaz, no excluyente, democrático y vertebrador del esfuerzo que la sociedad civil está realizando para superar la actual coyuntura de crisis social y económica.

UGT               CCOO

CONSEJEROS SOCIALES QUE APOYAN EL MANIFIESTO POR LA UNIVERSIDAD PÚBLICA

 D. Jesús Sáiz LorcaØ

Universidad Carlos III
 D. Álvaro Frutos RosadoØ
Universidad Carlos III
 D. Cecilio Silveira GómezØ 
Universidad Carlos III
 D. José Ricardo Martínez CastroØ 
Universidad Carlos III
 Dª Paloma Verges BañonØ
Universidad Complutense de Madrid
 Dª Alba Contreras CorrochanoØ
Universidad Complutense de Madrid
 D. Ramón EspinarØ
Universidad Complutense de Madrid
 D. Francisco Javier López MartínØ
Universidad Complutense de Madrid
 D. Joaquín Leguina HerránØ
Universidad de Alcalá
 Dª Pilar Fernández HerradorØ
Universidad de Alcalá
 D. Ángel Jurado OvejeroØ 
Universidad de Alcalá
 Dª Carmen López RuizØ 
Universidad de Alcalá
 D. Vladimiro Fernández TovarØ
Universidad de Alcalá
 D. Juan Francisco García GómezØ
Universidad de Alcalá
 D. Marcelino Prado OsorioØ
Universidad Rey Juan Carlos
 D. Gabriel Montes MartínezØ
Universidad Rey Juan Carlos
 D. Franco González BlázquezØ
Universidad Rey Juan Carlos
 Dª Carmen Ferrero TorresØ
Universidad Rey Juan Carlos
 D. Jaime Cedrún López (CCOO)Ø
Universidad Politécnica de Madrid
 D. José Vicente Mata Montejo (UGT)Ø
Universidad Politécnica de Madrid
 D. Eugenio Morales TomilloØ 
Universidad Politécnica de Madrid
 D. Luis Otero FernándezØ
Universidad Politécnica de Madrid
 D. Julián Revenga SánchezØ
Universidad Autónoma de Madrid
 D. Pedro Caba MartínØ
Universidad Autónoma de Madrid
 D. Borja Andrino TurónØ 
Universidad Autónoma de Madrid
 D. Francisco José García SuárezØ
Universidad Autónoma de Madrid
 D. Félix González MarzoØ
Universidad autónoma de Madrid